¿En qué va la reforma de la Ley 30?

¿En qué va la reforma de la Ley 30?

Alejandro Álvarez Gallego

Profesor Universidad Pedagógica Nacional

aalvarez@pedagogica.edu.co

Han pasado dos años después de que el Gobierno nacional, gracias a la movilización estudiantil, retirara del Congreso el proyecto de ley en el que se pretendía crear el Sistema de Educación Superior y derogar la Ley 30 de 1992. Como lo presentíamos, parece ser que ya no habrá una nueva Ley, sino una Política de Educación Superior emanada del Consejo de Educación Superior (CESU). En esto se encuentra empeñado el Ministerio de Educación Nacional (MEN), para lo cual creó mesas regionales que recogen aportes de diferentes instancias. La participación allí ha sido muy pobre, inducida y poco representativa.

Dicha política posiblemente se transforme en ley, pues piensan someterla a discusión en el Congreso a partir del mes de enero de 2014. La Ley será un marco que oriente las políticas, pero no resuelve para nada los graves problemas de financiación, de democracia y de calidad de las universidades públicas. Sus temas son: Estructura del sistema, Sostenibilidad, Internacionalización y Ciencia y Tecnología.

En realidad, las políticas ya están definidas en el Plan de Desarrollo (2010-2014), en el Conpes 3582 de 2009, donde se define la Política de ciencia, tecnología e innovación, y en la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002. La nueva política marco que se pretende someter a discusión en el Congreso está fundamentada en las recomendaciones de la OCDE y del Banco Mundial, hechas en el informe «La Educación Superior en Colombia 2012». Su modelo está fundado en la teoría del Capital Humano, en la necesidad de financiar la cobertura con el sistema de crédito para hacer eficientes los recursos y la gestión, y en la urgencia de estrechar los lazos entre la formación técnica y tecnológica con el aparato productivo para mejorar la innovación y así la competitividad económica.

Por su parte, el Sistema Universitario Estatal (SUE), donde están los 32 rectores de las universidades públicas, pugnan por el reconocimiento de la deuda histórica y la reforma del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, donde se establece el mecanismo para la asignación anual del presupuesto. Insisten en el problema del déficit estructural, que estiman en 2.1 billones de pesos solo en el rubro de docentes, 5.6 billones en el de infraestructura física y 334.969 millones en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así lo han planteado en el estudio que le entregaron en el 2012 al MEN, «Desfinanciamiento de la Educación Superior en Colombia. La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales».

La Mesa Amplia Estudiantil Universitaria (MANE) realizó el 8.º Plenario Nacional los días 5 y 6 de octubre de 2013. Después de avanzar con una propuesta alternativa de Ley de Educación Superior, están decididos a movilizarse en las calles para presionar al Gobierno a que lleve a cabo una reforma concertada que toque los temas más sensibles. Estiman que el déficit es de 11. 3 billones de pesos y por ahora solicitan que en el presupuesto del 2014 se comience a revertir la deuda y se cree una comisión que estudie la forma de pagarla totalmente en un plazo sensato. También esperan concertar con todos los sectores interesados una metodología, unos tiempos y unos temas para la definición de una nueva ley.

La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), donde se expresan mayoritariamente las universidades privadas, ha presentado al Gobierno y al Congreso un proyecto de ley estatutaria para regular el derecho a la educación superior.

Como se ve, hay iniciativas diferentes, cada una con sus dinámicas y sus intereses propios, que se espera confluyan en un debate amplio. Pero por lo pronto, el Gobierno no parece estar interesado en volver a tocar el tema a la manera (fallida) como lo hizo en el 2011. Sin lugar a dudas, el camino que parece más indicado es el de la movilización, pues está visto que en este país cuesta escuchar de otra manera. Las universidades públicas se caen a pedazos, literalmente hablando, y la pauperización de las condiciones laborales y académicas ya no da más espera.